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Preguntas Frecuentes sobre el Financiamiento de un Plan

La Ley de Protección de Pensiones de 2006 (PPA 2006, siglas en inglés) estableció restricciones de los beneficios para los planes subfinanciados. Dependiendo de cuán subfinanciado esté un plan, es posible que se restrinja la capacidad del plan para pagar los beneficios en forma de cantidades totales y que se restrinja al patrocinador para que no enmiende el plan a fin de aumentar los beneficios.

La autoridad de regulación y cumplimiento en los planes en curso es principalmente la responsabilidad de la Administración de Seguridad de Beneficios del Empleado (EBSA, siglas en inglés) del Departamento de Trabajo, de la oficina de Planes del Empleado del Servicio de Rentas Internas (IRS, siglas en inglés) y del Departamento del Tesoro. PBGC tiene cierta autoridad de reglamentación y cumplimiento. Por ejemplo, PBGC puede presentar y aplicar un gravamen legal si un empleador no ha hecho las contribuciones de financiamiento mínimas requeridas y las cantidades pendientes de pago suman más de $1 millón.

PBGC monitorea los planes a través de una variedad de requisitos de presentación de informes. Estos requisitos de presentación de informes pueden impulsar aún más la investigación y la acción por parte de PBGC para proteger el financiamiento del plan. Por ejemplo, la regulación de PBGC sobre sucesos notificables requiere que se notifique por escrito a PBGC sobre ciertos acontecimientos relacionados con el plan o la empresa que puedan poner en riesgo a los participantes del plan y al programa de seguros de PBGC. Además, bajo el Programa de Alerta Temprana (página en inglés) de la agencia, PBGC monitorea las transacciones corporativas y los procesos judiciales de quiebra que puedan ser una amenaza para el financiamiento o la continuidad de los planes en marcha. PBGC negocia la protección financiera para mantener estos planes en marcha para los trabajadores y jubilados, y para limitar las pérdidas de estas personas y de PBGC, en el caso que se produjera una terminación. Finalmente, la ley PPA de 2006 requiere que los grupos controlados con al menos un plan que cuente con una financiación de menos del 80 por ciento reporten anualmente información adicional que permita que PBGC pueda controlar mejor la situación. Esta actividad de monitoreo también envía un mensaje importante indicando que los empleadores tienen la obligación de financiar sus planes.

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